En la era de la información... sí, tengo que partir con un cliché porque el tema central de este artículo es también trillado. Voy de nuevo, en la era de la información... mmmh, me arrepentí. Quiero una partida seria para un tema que parece estar plagado de intervenciones humorísticas, pero nunca nadie ríe. Ya sé, voy a ir contra mi estilo y no haré una ambientación para el tema principal del artículo. Aquí va:
En Chile se están discutiendo modificaciones a la ley de propiedad intelectual para actualizarla a los "nuevos" parámetros de la digitalización e Internet, actualmente en trámites en la cámara baja. Las recomendaciones de la nueva ley han sido pactadas entre cuatro paredes por el Gobierno y la Sociedad Chilena del derecho de Autor (SCD), o lo que es lo mismo, de espaldas a todas las personas, que se ven afectadas para bien o mal, por estas enmiendas.
No se puede, ni éticamente ni políticamente, ser juez y parte en las discusiones de tamaña trascendencia. La SCD hizo una huelga en momentos en que las manifestaciones le estaban pasando la cuenta al gobierno de Michelle Bachelet, lo que propició que llegaran a un "acuerdo". Increíblemente, en un estado que se publicita ciudadano y democrático, no sólo se cierran proyectos de ley como si de negocios se tratara sino que además la Ministra de Cultura de turno, Paulina Urrutia Fernández, niega los términos de éste públicamente. Obviamente termina por reconocer lo indesmentible, pero es realmente penoso.
Las leyes se debieran hacer para todos y con trascendencia a los gobiernos e instituciones, justas en su definición y aplicación para todos los ciudadanos y no para los que gritan más fuerte. Lo que consigue o, siendo estrictos, lo que pretende conseguir la SCD es que todos los chilenos seamos culpables de infringir el derecho de autor hasta que se demuestre lo contrario. Así es, al revés de lo que dicta la justicia y el precepto básico en que se construye una sociedad sana.
No voy a entrar en detalles de los "acuerdos", principalmente porque han sido cubiertos de manera importante por varios medios, como FayerWayer acá y acá, además de la ONG Derechos Digitales con su importante campaña "Trato Justos Para Todos" a la que invito a adherir.
Lo que quiero apuntar es el trabajo de los lobistas en las políticas llamadas "públicas". Si el gobierno puede llegar a acuerdos con distintas instituciones para evitarse problemas como gran argumento, entonces no existe ningún motivo para respaldar esas políticas. Y si ha sucedido esta vez, como en otras ocasiones, podemos tener razones en pensar que la confianza se ha menoscabado y que volverá a ocurrir. Me parece loable, sin embargo, que Internet sirva bien al propósito de difundir y detener estos actos, en último caso al menos denunciar.
Los invito a estar al tanto y participar en las campañas que van en beneficio de todos y no de algunos, porque no soy delincuente... ¿O sí?
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